Algunos padres y madres se han rebelado contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y han dicho que no tragan por el adoctrinamiento de sus hijos e hijas. En principio nada que objetar sobre estos objetores, pero recurro al diccionario de la RAE y dice lo siguiente: “adoctrinar. 1. tr. Instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias.”
Con esta definición por delante me gustaría puntualizar lo siguiente:
En primer lugar, que todos los padres y madres tenemos el derecho de instruir a nuestros hijos e hijas acorde a nuestras ideas, políticas, religiosas, etc., y que el Estado no debe inmiscuirse en esa parcela íntima de nuestras creencias. Eso formaría parte de la individualidad del ser, de lo que nos hace a cada uno distinto de los otros, así unos serán católicos, otros protestantes, otros musulmanes, otros no creyentes, etc. Por tanto somos nosotros (padres y madres) los que tenemos la potestad de adoctrinar. Unos lo hacen por ejemplo conforme los principios de la Iglesia Católica, otros lo hacemos en el librepensamiento, y así sucesivamente.
En segundo lugar, que la escuela se encarga de socializarnos, de hacernos ver que aparte de mí está el otro, de que aparte de mi verdad, está la verdad de cada uno de los demás, tan respetables como la mía. Y es cuando surge el conflicto, cuando aparece la intolerancia y no admitimos más verdad que la mía, y la de los demás son pamplinas. Y claro con la Iglesia hemos topado (nunca mejor dicho). Esta institución no admite que pueda haber personas que queramos vivir apartadas de sus preceptos, ¡ojo! de la de la de ella y de la de otras religiones, pero me centro en ella porque su peso específico en nuestro país no es el de las demás. La Iglesia está acostumbrada a relacionarse con el poder civil en un grado de superioridad y no quiere por tanto perder esa relación para que no se le descarríen sus ovejas. Para ello nada mejor que seguir influyendo desde las más altas instancias al resto de la plebe.
En tercer lugar advertir que la potestad de diseñar el Currículo la tiene un Gobierno legítimo amparado por un Parlamento elegido por todas las personas que hemos querido votar, y que lo que no dan las urnas, no vayamos a pedírselo a los tribunales. Que dicho Currículo no trata de adoctrinar a nadie sólo trata de explicar que somos diferentes, que entre otras cosas existen diversos tipos de matrimonios, y eso parece ser que duele bastante; pero ello no obliga a nadie a casarse de otra manera que la elegida por ella. ¿Se obliga a alguien a hacerse sacerdote?, no. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a que acepte un único tipo de matrimonio? Por lo dicho anteriormente, quieren seguir gobernando nuestras vidas, y que las leyes se hagan conforme a sus principios o a los de san Agustín en su “Ciudad de Dios”.
En cuarto lugar, por si no fuera suficiente lo anterior, el Tribunal Supremo apoya la norma emanada del Parlamento en contra de los padres y madres objetores, echando por tierra todas las argucias presentadas por las distintas plataformas y asociaciones contrarias a esta asignatura. Es más dice que la asignatura “no implica fines de adoctrinamiento ni transgresión” de la Constitución. En un Estado democrático como el nuestro nadie debe oponerse a una asignatura que lo único que pretende es formar a una ciudadanía en los fundamentos democráticos, ¿o es que no se está de acuerdo con estos fundamentos?
Por todo lo anterior creo que las distintas Administraciones deben obligar ya a esos alumnos y alumnas a entrar en clase o que sus padres se atengan a las consecuencias, porque una cosa es tener una asignatura suspendida, pero a la que se asiste regularmente y otra cosa es renunciar a ella de forma explícita, renunciar a una parte de currículo, con lo que se debiera repetir el curso, o no obtener el Título de Graduado en Secundaria. Porque en este plan, ¿quién no objetaría las Matemáticas, la Lengua, o cualquier otra asignatura?
En fin, chicos y chicas a clase, a conocer otras facetas de la vida, porque para doctrina la que estáis recibiendo en vuestras familias y en vuestras iglesias. ¡Quien sabe!, a lo mejor os pasa como al chico del anuncio que le declara a sus padres que ya está harto de ser vegetariano y que quiere carne.
Con esta definición por delante me gustaría puntualizar lo siguiente:
En primer lugar, que todos los padres y madres tenemos el derecho de instruir a nuestros hijos e hijas acorde a nuestras ideas, políticas, religiosas, etc., y que el Estado no debe inmiscuirse en esa parcela íntima de nuestras creencias. Eso formaría parte de la individualidad del ser, de lo que nos hace a cada uno distinto de los otros, así unos serán católicos, otros protestantes, otros musulmanes, otros no creyentes, etc. Por tanto somos nosotros (padres y madres) los que tenemos la potestad de adoctrinar. Unos lo hacen por ejemplo conforme los principios de la Iglesia Católica, otros lo hacemos en el librepensamiento, y así sucesivamente.
En segundo lugar, que la escuela se encarga de socializarnos, de hacernos ver que aparte de mí está el otro, de que aparte de mi verdad, está la verdad de cada uno de los demás, tan respetables como la mía. Y es cuando surge el conflicto, cuando aparece la intolerancia y no admitimos más verdad que la mía, y la de los demás son pamplinas. Y claro con la Iglesia hemos topado (nunca mejor dicho). Esta institución no admite que pueda haber personas que queramos vivir apartadas de sus preceptos, ¡ojo! de la de la de ella y de la de otras religiones, pero me centro en ella porque su peso específico en nuestro país no es el de las demás. La Iglesia está acostumbrada a relacionarse con el poder civil en un grado de superioridad y no quiere por tanto perder esa relación para que no se le descarríen sus ovejas. Para ello nada mejor que seguir influyendo desde las más altas instancias al resto de la plebe.
En tercer lugar advertir que la potestad de diseñar el Currículo la tiene un Gobierno legítimo amparado por un Parlamento elegido por todas las personas que hemos querido votar, y que lo que no dan las urnas, no vayamos a pedírselo a los tribunales. Que dicho Currículo no trata de adoctrinar a nadie sólo trata de explicar que somos diferentes, que entre otras cosas existen diversos tipos de matrimonios, y eso parece ser que duele bastante; pero ello no obliga a nadie a casarse de otra manera que la elegida por ella. ¿Se obliga a alguien a hacerse sacerdote?, no. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a que acepte un único tipo de matrimonio? Por lo dicho anteriormente, quieren seguir gobernando nuestras vidas, y que las leyes se hagan conforme a sus principios o a los de san Agustín en su “Ciudad de Dios”.
En cuarto lugar, por si no fuera suficiente lo anterior, el Tribunal Supremo apoya la norma emanada del Parlamento en contra de los padres y madres objetores, echando por tierra todas las argucias presentadas por las distintas plataformas y asociaciones contrarias a esta asignatura. Es más dice que la asignatura “no implica fines de adoctrinamiento ni transgresión” de la Constitución. En un Estado democrático como el nuestro nadie debe oponerse a una asignatura que lo único que pretende es formar a una ciudadanía en los fundamentos democráticos, ¿o es que no se está de acuerdo con estos fundamentos?
Por todo lo anterior creo que las distintas Administraciones deben obligar ya a esos alumnos y alumnas a entrar en clase o que sus padres se atengan a las consecuencias, porque una cosa es tener una asignatura suspendida, pero a la que se asiste regularmente y otra cosa es renunciar a ella de forma explícita, renunciar a una parte de currículo, con lo que se debiera repetir el curso, o no obtener el Título de Graduado en Secundaria. Porque en este plan, ¿quién no objetaría las Matemáticas, la Lengua, o cualquier otra asignatura?
En fin, chicos y chicas a clase, a conocer otras facetas de la vida, porque para doctrina la que estáis recibiendo en vuestras familias y en vuestras iglesias. ¡Quien sabe!, a lo mejor os pasa como al chico del anuncio que le declara a sus padres que ya está harto de ser vegetariano y que quiere carne.
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